Ricardo León Caraveo
15 de marzo de 2011
El tejido social ha experimentado cambios desde 1989 en sus preferencias políticas, siendo la aparición del Frente Democrático Nacional, antecedente del Partido de la Revolución Democrática, el motivador constante y permanente de una corriente política opositora a la clase gobernante; pero su clase política no ha cumplido con las expectativas de sus simpatizantes.El PRI ha perdido cohesión política, dirigentes significativos han desertado a otros partidos políticos ante la toma de decisiones antidemocráticas e inesperadas. Otros sectores del tricolor han estado en el libre tránsito de preferencia política, dependiendo de las circunstancias y candidatos.
El descontento popular por un Gobierno calificado de ineficiente y corrupto, así como cualquier propuesta de continuidad, es el sendero hacia la derrota. La derrota es posible y deseable por el bien de Tabasco.
Lo cierto es, que los políticos deben transitar de los enconos y señalamientos, a una valoración seria y objetiva de nuestra historia reciente desde puntos de vista sociales, económicos y políticos. El cuantioso presupuesto por encima de los 36 mil millones de pesos destinado a Tabasco debe ser accesible desde los diferentes portales del Gobierno federal, pero también cada secretaría de Estado en nuestra entidad debiera publicar el objeto y catálogo de gasto.
Por ejemplo, en www.presidencia.gob.mx en el apartado de "transparencia" se puede saber el costo y destino de cada uno de los viajes del titular del Ejecutivo federal, pero los tabasqueños no sabemos estos datos del gobierno del Estado. Los precandidatos y candidatos al gobierno del Estado deben firmar una agenda común, porque la naturaleza de la problemática en Tabasco lo exige, específicamente:
- Transparencia focalizada de la administración pública y municipal expedita, desterrando los vicios de la práctica sobre el tema que, si bien se está obligado a dar a conocer la información, también lo es que, califican de reserva lo que no lo es; los datos son parciales y los sujetos obligados a procurarla son los primeros saboteadores del proceso,
- Procesar a los funcionarios corruptos no importando su partido político. Debe combatir el fenómeno de los nuevos ricos del sexenio o trienio,
- Eficientar el uso de los recursos públicos,
- Reforma a las leyes orgánicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
- Especial atención merece la reforma al Poder judicial. Los magistrados del Poder Judicial deben estar lejos de los partidos políticos y no deber la propuesta de su cargo al gobernador del Estado, porque se asumen, uno como parte y otro como jefe político; en las democracias modernas esto es inadmisible,
- Reformar el Código Electoral del Estado para garantizar la aplicación de las figuras de referéndum, plebiscito y elección de delegados municipales; candidaturas ciudadanas y abrir el debate a la reelección de diputados; esta última debilita el poder caciquil de los gobernadores, quienes cada tres años deciden a sus anchas e intereses quiénes serán diputados de su partido, y procuran cargar los datos para tener una mayoría en el Congreso; esto ayudaría a que los "favores económicos" que han prostituido al Parlamento tabasqueño, disminuyan,
- En el sector salud debe direccionarse la administración pública sobre un servicio universal y gratuito,
- El Plan Hídrico, debe abrirse a la participación ciudadana, eliminando el empoderamiento de poderes fácticos, parasitarios y vividores de la impunidad,
- La armonización contable entre el estado y la Federación, al darse permitirá un mejor y mayor manejo de los recursos públicos y, simultáneamente, coadyuva a la transparencia, vigilancia y rendición de cuentas,
- La conciliación de las plazas en los sectores de salud y educación, mandata en el presupuesto federal 2011, que debe ser elevada a rango de ley en el estado,
- Es de imperiosa necesidad que exista un compromiso público sobre las reformas que se deben emprender en la relación laboral entre la Administración Pública Estatal y sus empleados,
- Hay que modernizar el anacrónico, inaplicable, segado e ineficiente marco jurídico de responsabilidad de los servidores públicos en los ámbitos administrativo, penal, laboral y político, sin esta reforma es nula la posibilidad de combate a la impunidad.